Emergencia en Discapacidad- “Cada vez menos las familias podrán hacer uso de la obra social porque los prestadores no van a querer trabajar”

24/04/2026 El gobierno nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar sustancialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad que no viene aplicando, a pesar de que la Justicia así lo dictaminó.

Dentro del proyecto, que ya tuvo dictamen para que pase a votación en el Senado, se pretende desmantelar el nomenclador nacional que establece una paridad sobre los precios de obras sociales y prepagas. En caso de modificarse cada entidad podrá fijar el precio sin ningún margen de regulación de cuánto se le pagará a cada prestador de servicio, sea transportista, médico, acompañante terapéutico. Por otro lado, la norma propone el regreso a la pensión por invalidez, la cual establece que, para acceder al subsidio, la persona no debe contar con trabajo.

El impacto de la medida recae de lleno en uno de los grupos sociales más vulnerables: las personas con discapacidad, sus familiares, y los prestadores de salud.

Fabiana Maldonado, presidenta de APANE CORONEL SUÁREZ, asociación que lleva décadas trabajando por las necesidades de niños con necesidades especiales, ratificó en La Mirada Informativa que el panorama es crítico.

“Nunca nos toca estar del lado de las oportunidades, de poder apoyar libremente y con alegría a nuestros hijos en sus actividades. Desde que ellos nacen tenemos preocupaciones y urgencias por una cosa u otra y sentimos la falta de compañía desde la salud, la educación y la vida independiente” expresó Maldonado.

“El tema del ajuste respecto de las pensiones está bien, que haya auditoría y conocimiento está bien, es justo que la reciba quien la necesita, con certificado y diagnóstico” consideró.

Por otro lado, agregó que no todos tienen un trabajo formal: “Se retira todo, se sacan los beneficios y empieza el proceso pudiendo dejar un mes o dos a las personas sin medicación, sin pensión, sin cobertura para terapias. Se les corta todo con el temor de no saber cuándo se les restituirá, con el papeleo que esto conlleva” indicó la integrante de APANE acerca del relevamiento que busca establecer si la asistencia estatal corresponde o no.

“Aún no está resuelto saber cómo impactará la modificación del comunicado 109 enviado por el gobierno para liberar las prestaciones básicas del servicio integral a partir de lo cual no habrá un nomenclador oficial para que obras las obras sociales, prepagas, nacionales y sindicados (IOMA paga por debajo de esas estimaciones) ajusten: “Lo que hace previsible que menos profesionales quieran trabajar bajo estos términos”.

“Cada vez menos las familias podrán hacer uso de la obra social porque los prestadores no van a querer trabajar” vaticinó Maldonado, quien remarcó que esta realidad ya es visible en centros urbanos más grandes con el cierre de centros de días, escuelas especiales, talleres protegidos, Pami, etc.